El 80% de la electricidad consumida por los centros de datos deberá estar cubierto por generación renovable propia o por contratos de suministro renovable. El Real Decreto 1032/2026, aprobado el 20 de noviembre, también establece límites de eficiencia energética y de uso del agua, y fija condiciones de soberanía digital para determinadas instalaciones que quieran conectarse a la red.
Renovables para acceder a la red
El umbral general es de 10 MW de potencia de acceso, frente al 1 MW planteado en el primer borrador. Para las instalaciones afectadas, al menos el 80% del consumo anual deberá cubrirse con autoconsumo renovable o con contratos de compra a largo plazo de electricidad producida por nuevas instalaciones renovables. El decreto también incorpora criterios de adicionalidad: la demanda de los centros debe ir acompañada de nueva generación limpia, en vez de limitarse a reclamar electricidad renovable ya comprometida.
La norma suma una condición horaria: el 80% debe estar respaldado en cada hora por generación renovable de esa misma hora. El cumplimiento podrá implantarse gradualmente, con periodos transitorios para los operadores. Según pv magazine, el calendario de adaptación de esta correlación horaria se extiende hasta 2032; el texto también contempla vías transitorias sujetas a condiciones, entre ellas la participación en mecanismos de reducción de demanda.
El marco permite recurrir a autoconsumo, contratos de suministro renovable a plazo y almacenamiento, según Euronews. Los centros que no alcancen determinadas obligaciones pueden afrontar compensaciones económicas; el incumplimiento también puede acarrear sanciones, incluida la suspensión de los derechos de acceso y conexión durante un máximo de tres años, de acuerdo con ese medio. Civio señala que las operadoras aplicarán cobros extra si no se cumple el requisito de renovables.
Menos agua y límites de eficiencia
El objetivo provisional de agua es un WUE de 0,1, según los detalles publicados por Microsiervos y pv magazine. Esa métrica expresa el agua consumida por cada unidad de energía de los servidores: el valor equivale a 10 litros por cada 100 kWh destinados a computación. Civio describe la obligación como alcanzar la etiqueta A de consumo de agua, como muy tarde, al año de la puesta en funcionamiento; mientras tanto, el operador deberá comprometerse a cumplirla.
En eficiencia energética, el decreto establece un límite provisional de PUE de 1,25 después de dos años de funcionamiento, según Microsiervos. El PUE compara el consumo total de la instalación con el de sus equipos informáticos: un valor de 1,25 supone que, por cada 100 kWh usados por los servidores, otros 25 kWh se destinan a refrigeración y sistemas auxiliares. Civio añade que el requisito dependerá de la región climática y que el Ministerio fijará la metodología de cálculo. Las obligaciones se alinean con criterios europeos mientras se concretan los parámetros aplicables.
| Requisito | Umbral o plazo indicado | Alcance |
|---|---|---|
| Electricidad renovable | Al menos el 80% del consumo | Autoconsumo o contratos renovables; incluye correlación horaria |
| Eficiencia energética | PUE provisional máximo de 1,25 | Tras dos años de funcionamiento |
| Uso del agua | WUE provisional de 0,1 / etiqueta A | Al año de la puesta en marcha, según Civio |
| Potencia de acceso | 10 MW o más | Umbral general de aplicación |
La obligación de informar empieza antes que algunos de esos límites: Microsiervos indica que las instalaciones con al menos 500 kW de potencia informática deberán comunicar anualmente datos de eficiencia y sostenibilidad. Civio añade que el Ministerio publicará esos datos en su web y elaborará informes de seguimiento cada seis meses. El ministerio será responsable de vigilar el cumplimiento y podrá exigir que se corrijan deficiencias en un plazo máximo de tres meses.
Datos sensibles dentro del espacio europeo
Los sistemas públicos de mayor sensibilidad tendrán que mantener determinados datos dentro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. El decreto fija requisitos de protección y soberanía digital para sistemas de alta categoría dentro del Esquema Nacional de Seguridad, según Euronews. También endurece el control del acceso desde terceros países a tareas de administración, mantenimiento y soporte. Civio indica que los proyectos europeos singulares pueden acogerse a requisitos más flexibles.
La norma enlaza esas condiciones con la capacidad de cómputo y el control de los datos en territorio europeo. El BOE justifica el marco por la necesidad de reforzar la resiliencia y la autonomía estratégica, y menciona la dependencia europea de proveedores de terceros países. Según la hoja de ruta citada en el decreto, más del 80% de los servicios en la nube y el 90% de los datos europeos están controlados por empresas estadounidenses.
Permisos concedidos y una larga cola de solicitudes
España suma 15 GW de permisos concedidos para centros de datos y otros 20 GW en espera, según las cifras comunicadas por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y recogidas por Civio y Euronews. La capacidad solicitada elevaría el total potencial a 35 GW, aunque esos permisos y solicitudes no equivalen al consumo real de las instalaciones.
Las cifras de capacidad concedida se desglosan de manera distinta según el periodo y el organismo citado. Euronews y pv magazine atribuyen 6 GW a la red de transporte y 9 GW a las redes de distribución; el BOE cifra en más de 6 GW los permisos de transporte concedidos desde la aprobación del Real Decreto-ley 8/2023 y en torno a 8,8 GW los concedidos en distribución desde 2020. Microsiervos también presenta el reparto como 6 GW y 9 GW. En todo caso, el volumen total concedido supera los 15 GW.
El Gobierno estima entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica real de estos centros hacia 2030, mientras que la Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024 prevé 2,5 GW de potencia de computación para ese año. El BOE sostiene que las solicitudes de acceso superan las previsiones de despliegue y compiten por una capacidad de red limitada con proyectos industriales, residenciales y de transporte. También advierte de que una demanda eléctrica adicional y poco flexible puede elevar el uso de gas para generación y repercutir en los precios.
Sin el decreto, el Gobierno calcula que la expansión podría añadir 5.000 millones de euros al año a los costes del sistema eléctrico: 4.000 millones por el efecto en los precios mayoristas y otros 1.000 millones por mecanismos de capacidad, según Euronews. Aagesen afirmó: “In the absence of this Royal Decree, we would see an impact of 5,000 million euros on our bills”. El medio atribuye también al Gobierno la previsión de que los consumidores industriales podrían pagar un 25% más por la electricidad en ese escenario hipotético. No son costes ya registrados ni ahorros garantizados por la nueva regulación.
Aplicación progresiva y excepciones
La norma alcanza permisos sin resolver y proyectos autorizados que todavía no se hayan conectado a la red. Euronews indica que los proyectos ya en tramitación dispondrán, por regla general, de seis meses para adaptarse. Civio añade que quedan fuera los proyectos de Defensa y las instalaciones públicas, y que las iniciativas europeas singulares tendrán condiciones más flexibles.
El proceso que llevó al decreto incluyó cambios respecto al primer borrador. RTVE informó en octubre de que el umbral general había subido de 1 a 10 MW y de que se daba flexibilidad adicional para cumplir las exigencias renovables. En aquella propuesta se permitían instalaciones renovables vinculadas de hasta 36 meses de antigüedad antes de la puesta en marcha del centro, frente a los 18 meses del borrador inicial; también se reducía de diez a seis años la duración de los contratos. RTVE describió además un periodo de gracia de seis meses para los requisitos de adicionalidad hasta el comienzo de 2029 y un plazo de hasta 60 meses para determinados proyectos estratégicos europeos.
La conexión puede depender de la flexibilidad que ofrezca cada instalación cuando la red esté bajo tensión. Euronews y pv magazine señalan que el marco permite exigir reducciones de demanda o desconexiones durante episodios de congestión o estrés del sistema. Euronews recoge además un régimen transitorio voluntario para operadores que acepten ser desconectados con prioridad cuando sea necesario proteger la estabilidad de la red.
Un plan de red paralelo hasta 2030
El Gobierno aprobó también inversiones de 17.142 millones de euros en la planificación de la red eléctrica hasta 2030. El plan busca ampliar y reforzar la infraestructura ante el crecimiento de la demanda y no está dedicado exclusivamente a los centros de datos. Según pv magazine, prevé capacidad para 47,4 GW de nueva demanda: 14,9 GW para la industria, 12,4 GW para hidrógeno renovable, 9,3 GW para centros de datos y 6 GW para usos residenciales y desarrollo urbano.
El mismo plan incluye, según pv magazine, unos 6.707 kilómetros de nuevas líneas de transporte, mejoras de capacidad en 8.164 kilómetros de líneas existentes y 193 subestaciones. La regulación de los centros de datos y la ampliación de la red avanzan así en paralelo: la primera vincula el acceso a condiciones ambientales y energéticas; la segunda reserva infraestructura para nuevas cargas. La aplicación concreta de los plazos determinará cómo se adaptan los proyectos que ya están en curso.
Fuentes: Microsiervos, Boletín Oficial del Estado, Civio, euronews, RTVE, pv magazine Global