España crea hasta 20 centros especiales para IA, chips y cuántica

España crea hasta 20 centros especiales para IA, chips y cuántica

España ha aprobado un régimen especial para hasta 20 centros públicos de investigación que trabajen en tecnologías estratégicas como la inteligencia artificial, los semiconductores avanzados y la computación cuántica. El Real Decreto-ley 40/2026, aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de noviembre, les permitirá contratar con más flexibilidad, comprar equipos con menos trámites y transferir resultados con mayor rapidez; su continuidad depende ahora de la convalidación parlamentaria.

La medida se dirige a líneas concretas de investigación, no a toda la actividad de los centros seleccionados. El decreto define la soberanía científica y tecnológica como la capacidad de generar, retener, proteger y utilizar conocimiento y tecnologías críticas para la seguridad nacional, los servicios esenciales y la competitividad económica.

Diez áreas y un régimen limitado a líneas concretas

La lista comprende diez áreas tecnológicas estratégicas: semiconductores avanzados, inteligencia artificial, tecnologías cuánticas, biotecnologías, conectividad y navegación, tecnologías digitales avanzadas, detección, espacio y propulsión, energía, robótica y sistemas autónomos, además de materiales, fabricación y reciclado avanzados. La selección debe ajustarse a las líneas de I+D+i directamente relacionadas con esas áreas y con la soberanía tecnológica.

Podrán optar consorcios y fundaciones del sector público, así como entidades públicas acreditadas como centros Severo Ochoa o unidades María de Maeztu, siempre que desarrollen investigación de alto impacto vinculada a esos objetivos. El régimen se concederá por cinco años, renovables hasta diez; de entrada, no podrá haber más de 20 centros con esa declaración simultáneamente. Una evaluación a los tres años podría llevar al Gobierno a ampliar progresivamente el límite si el resultado es favorable.

La decisión pasará por la Comisión Interministerial de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Autonomía Estratégica y Proyectos Estratégicos, creada por el decreto. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades indicó que estará integrada por 14 ministerios; la comisión evaluará las solicitudes y elevará una propuesta al Consejo de Ministros, que aprobará la declaración y fijará las líneas afectadas, las medidas aplicables y su vigencia.

El nuevo estatus elimina para esas líneas las limitaciones de oferta pública de empleo y masa salarial del personal laboral. También eleva los umbrales de determinados procedimientos simplificados de contratación y excluye la contratación centralizada. El alcance se ciñe a la investigación declarada: el resto de la actividad del centro no queda automáticamente bajo el régimen especial.

El Gobierno aprueba el Proyecto Estratégico de microelectrónica y semiconductores — La Moncloa

Contratación, transferencia y controles

Los centros seleccionados podrán contratar personal y ofrecer retribuciones más competitivas, acelerar la compra de bienes y equipos y simplificar la justificación de ayudas. Según El País, podrán recurrir al procedimiento simplificado abreviado hasta 200.000 euros en obras y 150.000 euros en suministros y servicios; los límites anteriores eran 80.000 y 60.000 euros, respectivamente.

La transferencia de resultados también cambia. La cesión a terceros de derechos sobre investigaciones podrá regirse por el derecho privado y adjudicarse directamente, sin aplicar la Ley de Contratos del Sector Público. Los centros podrán participar como socios minoritarios en sociedades basadas en el conocimiento y suscribir convenios con agentes públicos o privados bajo las condiciones previstas en la norma.

La flexibilidad viene acompañada de auditorías externas y salvaguardas públicas. Los contratos y acuerdos deberán incluir cláusulas de seguridad, confidencialidad, protección de resultados y retorno público, además de garantías frente a cambios de control. La comisión interministerial revisará las auditorías y podrá suspender medidas o proponer al Consejo de Ministros que revoque la declaración si detecta incumplimientos, riesgos de seguridad, cambios sustanciales o pérdida de acreditación.

El decreto extiende parte de la simplificación al sistema público de I+D+i en su conjunto. Permite a organismos públicos de investigación actuar como medios propios de la Administración, facilita contratos científicos y de formación con empresas y simplifica convenios. También amplía compatibilidades docentes para investigadores de organismos públicos y eleva a 150 horas anuales el límite de actividades formativas excluidas del régimen de incompatibilidades.

El Ministerio de Ciencia añade otras medidas de personal: vías de promoción interna para técnicos, mejoras en movilidad y doble adscripción, y eliminación de autorizaciones previas para ciertos contratos predoctorales y posdoctorales cofinanciados con fondos externos. Los grupos de investigación podrán contratar con entidades públicas y privadas para valorizar resultados; los centros públicos también podrán realizar trabajos científicos y de formación para empresas.

El Barcelona Supercomputing Center cambia de forma jurídica

El Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) dejará su actual forma de consorcio público y pasará a ser una fundación del sector público estatal, adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La norma autoriza a la nueva entidad a crear o participar en sociedades mercantiles para comercializar resultados de investigación.

La reforma responde al cambio de funciones del centro: el decreto señala que, en diez años, ha pasado de ser una infraestructura de investigación a consolidarse también como centro de investigación e innovación empresarial. La participación de las administraciones fundadoras se fija en un 60 % para la Administración General del Estado, un 35 % para la Generalitat de Catalunya y un 5 % para la Universitat Politècnica de Catalunya.

El Ministerio de Ciencia afirma que se mantiene el reparto actual de financiación entre las tres instituciones. La transformación busca dar al BSC más autonomía de gestión y facilitar la comercialización de sus resultados, sin alterar esa distribución financiera.

Más deducciones y bonificaciones para empresas

El paquete eleva del 12 % al 15 % la deducción fiscal por innovación tecnológica en los supuestos previstos. Para empresas con actividad certificada que aún no obtienen beneficios, el límite anual de monetización directa de esas deducciones pasa de uno a tres millones de euros. El decreto también modifica apartados de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para reforzar la seguridad jurídica en su aplicación.

Además, las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para personal con contrato indefinido dedicado exclusivamente a I+D o innovación tecnológica se amplían de tres a cinco años. Para contratos predoctorales en empresas, la bonificación mensual sube de 115 a 200 euros durante el periodo de doctorado.

El País, citando a Víctor Cruz, director de Estrategia de FI Group by EPSA, señala que la reforma reduce del 100 % al 80 % el requisito de reinversión del importe monetizado. También recoge que las empresas venían reclamando más seguridad jurídica, criterios previsibles y facilidades para aprovechar deducciones cuando todavía no tienen beneficios.

Más inversión en I+D, pero sin fondos nuevos en el decreto

El preámbulo del decreto sitúa la inversión española en I+D en 24.000 millones de euros en 2024, un 60 % más que en 2018 y equivalente al 1,5 % del PIB. También cifra en casi 300.000 las personas que trabajaban en I+D en los sectores público y privado ese año, un 31 % más que en 2018. La media de la UE-27 era del 2,2 % del PIB.

España se ha fijado como objetivo alcanzar el 2,12 % del PIB en I+D en 2027. El real decreto-ley, sin embargo, no incorpora financiación nueva. Xataka sitúa el paquete junto a iniciativas ya anunciadas: la Estrategia Deep Tech España, que movilizará más de 8.000 millones de euros hasta 2030, y una aportación de 300 millones a las gigafactorías europeas de IA aprobada en junio.

La diferencia entre reformas de gestión y recursos disponibles queda en el centro del debate. Xataka señala que el decreto se apoya en financiación existente y recoge una estimación de la Fundación Cotec: para alcanzar el objetivo de inversión harían falta crecimientos anuales de I+D cercanos al 24 %, por encima del ritmo actual.

Convalidación pendiente antes del cambio de Gobierno

El calendario añade incertidumbre: las elecciones generales están previstas para el 29 de noviembre y las Cortes están disueltas. El real decreto-ley debe someterse a convalidación por la Diputación Permanente dentro de 30 días; el próximo Gobierno podría modificarlo, según Xataka.

En la presentación del plan, Pedro Sánchez defendió que «Soberanía es no depender de multinacionales ni intereses extranjeros». La ministra de Ciencia, Diana Morant, sostuvo que «con este Real Decreto-ley el Gobierno quiere que nuestros centros públicos de investigación puedan acelerar el desarrollo de tecnologías críticas para nuestro país y transferirlas antes a la economía y a la sociedad».

“Esperamos que suscite un consenso amplio para su convalidación por parte del Congreso”.

— Jorge Barrero, director general de la Fundación Cotec

Barrero calificó la norma como «un buen punto de partida», según El País, y pidió consenso para convalidarla. La Diputación Permanente deberá decidir dentro del plazo de 30 días si el decreto queda aprobado o es derogado; después, el régimen especial para los centros dependerá también de que se concreten las declaraciones y sus líneas de investigación.

Fuentes: WWWhat's new, Boletín Oficial del Estado, Ministerio de Ciencias, Innovación y Universidades, Xataka, El País